El presidente de Perú denuncia la “persecución” en su contra

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que se desató una “persecución política” en su contra, luego de la decisión de la fiscalía de incluirlo en una investigación por presunto tráfico de influencias.

“Debo decirles con indignación que hoy se desató una persecución política irracional contra mí, contra el presidente de la república”, dijo Castillo a periodistas en la ciudad amazónica de Iquitos.

A la vez, un equipo de la Fiscalía acudió este lunes al Palacio de Gobierno en Lima a buscar información sobre una supuesta contratación irregular de personal.

“Hace unas horas tuve que responder al personal que está en Palacio de Gobierno, donde la fiscalía se acaba de encontrar nuevamente entorpeciendo el trabajo y denigrando (mi imagen)”, dijo el mandatario de izquierda.

“No robé un centavo”, agregó.

La fiscal Rosario Quico investiga desde enero la supuesta contratación irregular de personal en el palacio bajo la administración de Castillo, que comenzó el 28 de julio de 2021.

Adicionalmente, la fiscalía peruana anunció el domingo que amplió una investigación a Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.

“Puente Tarata III”

Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio ‘Puente Tarata III’, que investiga si un exministro de Transporte, seis diputados, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del presidente forman parte de una supuesta red criminal encabezada por el presidente

La acusación dijo que “el presidente ha sido informado y se le garantizará el pleno ejercicio de su derecho a la defensa”.

La empresaria cabildera Karelim López acusó al presidente y su séquito más cercano, incluidos los dos sobrinos, de formar una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.

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López coopera con la fiscalía bajo el paraguas legal de la “colaboración efectiva” (denuncia premiada). Si se prueban sus denuncias, podría obtener una sentencia menor si es declarada culpable por los tribunales.

El escándalo estalló cuando la prensa reveló las negociaciones de López con Castillo para que el consorcio conocido como “Puente Tarata III” ganara la licitación para construir un puente en la región amazónica de San Martín.

La ley peruana prohíbe que un presidente sea procesado mientras esté en el cargo. Castillo termina su mandato en julio de 2026.

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