Ley de Constitución de 1867 | Todavía no hay rastro oficial de francés

(Ottawa) El gobierno de Trudeau descarta la idea de aprovechar su vasta reforma de la Ley de Idiomas Oficiales para acelerar la traducción de 22 textos de la Constitución canadiense que están solo en inglés.

Estos textos no han sido formalmente traducidos e incorporados a la ley fundamental del país, aun cuando el Ministerio de Justicia se hubiera comprometido a hacerlo como muy pronto en… 1982, cuando se repatrió la Constitución.

Resultado: 40 años después, solo la versión en inglés del Ley de Constitución de 1867 tiene fuerza de ley en los tribunales.

La ministra de Idiomas Oficiales, Ginette Petitpas Taylor, dice que este expediente es competencia del Departamento de Justicia y que el proyecto de ley C-13 pretendía modernizar el Ley de Idiomas Oficialesque debe aprobarse al final de la sesión, no es un medio adecuado para lograrlo.

“El Gobierno de Canadá reconoce que los idiomas oficiales son un componente fundamental de nuestra identidad y un fuerte símbolo de una sociedad diversa e inclusiva”, dijo la secretaria de prensa del ministro Petitpas Taylor, Marianne Blondin, en un comunicado a Prensa.

“La obligación de preparar y haber adoptado una versión en francés de las leyes constitucionales que aún no son oficiales en ese idioma ha sido objeto de mucho trabajo a lo largo de los años en el Departamento de Justicia de Canadá. Reconocemos que la traducción de los textos es fundamental y por eso se están realizando esfuerzos para oficializar la versión en francés”, agregó.

Una reforma constitucional necesaria

Actualmente, la versión francesa de Ley de Constitución de 1867 es sólo una traducción dada con fines documentales. La razón: la versión oficial de esta ley fue aprobada por el Parlamento británico solo en inglés.

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El Ministerio de Justicia preparó una versión en francés de los textos constitucionales, basada en el trabajo de un comité de expertos constitucionales que se había creado en 1984. Se presentaron en la Cámara de los Comunes y el Senado en 1990.

El problema es que es necesaria una reforma constitucional para que se consagre la versión francesa. Y esta enmienda debe ser aprobada no solo por la Cámara de los Comunes y el Senado, sino por todas las provincias, según algunos expertos.

Desde 1997, se han realizado pocos esfuerzos para convencer a las provincias de que lo adopten, en particular tras el fracaso de dos acuerdos constitucionales (Meech en 1990 y Charlottetown en 1992) y el referéndum de 1995 en Quebec.

“Esto requiere una enmienda constitucional unánime. Eso es básicamente por qué no se hizo. También excusa en cierto modo a Ottawa”, explicó Benoit Pelletier, exministro de Asuntos Gubernamentales de Canadá para Quebec y experto constitucional.

Consecuencias concretas

En 2018, el Colegio de Abogados de Canadá recomendó que el gobierno de Trudeau incluyera un artículo en las noticias Ley de Idiomas Oficiales solicitar al Ministro de Justicia que presente, cada cinco años, un informe que detalle los esfuerzos realizados para implementar el artículo 55 de la Ley constitucional de 1982.

Este artículo establece específicamente que “el Ministro de Justicia de Canadá es responsable de redactar, tan pronto como sea posible, la versión en francés de las partes de la Constitución de Canadá que aparecen en el apéndice [de cette loi] “.

Según el Colegio de Abogados de Canadá, la ausencia de una versión oficial en francés no deja de tener consecuencias. Entre otras cosas, esto “tiene impactos prácticos en la evolución del derecho y devalúa la participación de los abogados y litigantes francófonos en los debates sobre la interpretación de los textos jurídicos más fundamentales de nuestra sociedad”.

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El senador Pierre Dalphond lleva varios meses liderando una cruzada para convencer al gobierno de Trudeau de que redoble sus esfuerzos para que la traducción al francés del Ley de Constitución de 1867 ser adoptado. Y apoyó la propuesta del Colegio de Abogados de Canadá.

El Sr. Dalphond, quien se desempeñó notablemente como juez en el Tribunal de Apelación de Quebec, no respondió a los mensajes de Prensa. Pero en un discurso pronunciado en la Cámara Alta en diciembre pasado, describió esta situación como “una fuente de vergüenza, particularmente para los federalistas que viven en Quebec”.

“Incluso si los canadienses de habla francesa tienen el derecho constitucional de confiar en la versión francesa de todas las leyes federales ordinarias, no pueden ejercer este derecho fundamental con respecto a casi todos los textos constitucionales de Canadá, y esto, a pesar de que el país ha sido oficialmente bilingüe desde 1968”, dice.

Con la colaboración de William Leclerc, Prensa

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